La Iglesia española: unidad en favor de la regularización
Las principales instituciones de la Iglesia en España —Conferencia Episcopal, Departamento de Migraciones, Cáritas, CONFER y REDES—han expresado públicamente un respaldo firme y unánime al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. Apoyar esta medida es, para la Iglesia, una cuestión de derechos humanos y una forma coherente de vivir el Evangelio en la vida pública. Miles de personas voluntarias de Cáritas informaron sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y recogieron las firmas necesarias para la regularización.
¿Qué es una regularización extraordinaria?
Es una herramienta de gestión migratoria utilizada por distintos Gobiernos. España ha aprobado varios procesos desde los años 80: dos con el PP (2000 y 2001) y cuatro con el PSOE (1986, 1991, 1996y 2005). En la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal (2020–2021).
¿Qué se busca con esta regularización?
Regularizar la situación administrativa de muchas personas y familias que viven en España y que, pese a la reforma reciente del Reglamento de Extranjería, no pueden acceder a un permiso de residencia pero son nuestros vecinos y vecinas.
Impacto de la irregularidad administrativa
La irregularidad coloca a las personas en una situación de alta vulnerabilidad: las excluye del empleo formal, dificulta el acceso a la sanidad, impide alquilar vivienda o abrir una cuenta bancaria y limita numerosos trámites cotidianos. Según FOESSA, la irregularidad administrativa sitúa a las personas en un contexto de grave exclusión social, afectando de forma estructural sus derechos, oportunidades y condiciones de vida.
¿Qué supone para las personas acompañadas por Cáritas?
Abre la puerta al empleo digno, a la estabilidad económica y a la planificación de un proyecto de vida. Facilita el acceso a sanidad, vivienda y educación, reduce la explotación laboral y permite relacionarse con las instituciones sin miedo. Supone pasar de la invisibilidad y la inseguridad a la autonomía y la participación social plena.
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Regularización extraordinaria: un camino hacia la dignidad
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Las principales instituciones de la Iglesia en España —Conferencia Episcopal, Departamento de Migraciones, Cáritas, CONFER y REDES—han expresado públicamente un respaldo firme y unánime al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. Apoyar esta medida es, para la Iglesia, una cuestión de derechos humanos y una forma coherente de vivir el Evangelio en la vida pública. Miles de personas voluntarias de Cáritas informaron sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y recogieron las firmas necesarias para la regularización.
¿Qué es una regularización extraordinaria?
Es una herramienta de gestión migratoria utilizada por distintos Gobiernos. España ha aprobado varios procesos desde los años 80: dos con el PP (2000 y 2001) y cuatro con el PSOE (1986, 1991, 1996y 2005). En la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal (2020–2021).
¿Qué se busca con esta regularización?
Regularizar la situación administrativa de muchas personas y familias que viven en España y que, pese a la reforma reciente del Reglamento de Extranjería, no pueden acceder a un permiso de residencia pero son nuestros vecinos y vecinas.
Impacto de la irregularidad administrativa
La irregularidad coloca a las personas en una situación de alta vulnerabilidad: las excluye del empleo formal, dificulta el acceso a la sanidad, impide alquilar vivienda o abrir una cuenta bancaria y limita numerosos trámites cotidianos. Según FOESSA, la irregularidad administrativa sitúa a las personas en un contexto de grave exclusión social, afectando de forma estructural sus derechos, oportunidades y condiciones de vida.
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Abre la puerta al empleo digno, a la estabilidad económica y a la planificación de un proyecto de vida. Facilita el acceso a sanidad, vivienda y educación, reduce la explotación laboral y permite relacionarse con las instituciones sin miedo. Supone pasar de la invisibilidad y la inseguridad a la autonomía y la participación social plena.
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