Cáritas se suma a la exigencia de una Ley Integral contra la Trata en la próxima legislatura Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre)y ante la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, Cáritas, junto a las cerca de 30 entidades que integran la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), urge a todos los partidos políticos a asumir un compromiso firme para que la aprobación de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación sea una prioridad absoluta en la próxima legislatura. 

Una asignatura pendiente tras años de retrasos.
En los últimos años se han sucedido diversos intentos de tramitación normativa —en 2022, 2023 y con la aprobación en primera vuelta del Anteproyecto de Ley Orgánica por el Consejo de Ministros en marzo de 2024—, pero acumulan más de dos años y medio de retrasos que han dejado esta norma sin aprobar al finalizar la legislatura.

A este bloqueo se suma la recriminación de la Comisión Europea, que ha abierto un expediente a España por incumplir el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2024/1712 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, fijado para julio de 2026. Asimismo, organismos internacionales como el grupo GRETA del Consejo de Europa, el Examen Periódico Universal (EPU) y comités especializados de Naciones Unidas han instado repetidamente al Estado español a adoptar este marco legal y a crear un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas.

Las víctimas y sus derechos en el centro
Desde las entidades sociales se recalca que la futura norma debe situar a las víctimas y sus derechos en el centro, abordando todas las formas y finalidades de explotación. Para lograrlo, la legislación debe:

• Incorporar un enfoque transversal de derechos humanos, perspectiva de género, infancia, discapacidad e interseccionalidad.
• Primar la prevención, la detección precoz, la atención especializada y la reparación integral frente a un enfoque centrado de forma prioritaria en la persecución penal.
• Contar con una dotación presupuestaria suficiente que garantice su aplicación efectiva.
•  Acompañarse de un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata y de la mejora del sistema de acreditación administrativa de víctimas.

La aprobación de esta norma es también un paso imprescindible para dar cumplimiento a la medida 389 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y responder a compromisos asumidos en el Plan Camino (2022-2026) o el II Plan de Derechos Humanos (2023-2027).

Solo la punta del iceberg
La necesidad de actuar es urgente ante la magnitud de esta realidad: en 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron en España a 1.869 víctimas de trata y explotación, de las cuales 28 eran menores de edad. Sin embargo, según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar, una brecha que constatan diariamente las entidades especializadas en su labor sobre el terreno.

Un llamamiento al compromiso político y ciudadano
Por todo ello, se pide a los partidos políticos que incluyan la aprobación de la Ley Integral contra la Trata en sus programas electorales y en los futuros acuerdos de gobierno. Al mismo tiempo, se anima a toda la ciudadanía a ejercer un voto informado y responsable el próximo 29 de noviembre, defendiendo en las urnas la dignidad, la igualdad y los Derechos Humanos de todas las personas .